El regulador mediático de EE UU abre una investigación contra Disney por sus políticas de diversidad e inclusión

La Administración Trump lleva a Disney su guerra contra las políticas de diversidad e inclusión. Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por las siglas en inglés), el regulador de los medios en Estados Unidos, ha abierto una investigación contra la empresa por estas. Carr admite que la compañía ha dado marcha atrás a algunos de sus programas, que alguna vez fueron un referente dentro de la industria del entretenimiento. Pero esto no es suficiente para alegrar a la Casa Blanca. “Todavía tenemos serias preocupaciones”, indica Carr en una carta enviada a Bob Iger, el consejero delegado de Disney.

Carr señala en el documento, publicado en las redes sociales, que la empresa centenaria era exitosa hasta “que algo cambió“. ”Disney se ha visto envuelta en una serie de polémicas relacionadas con sus políticas de diversidad e inclusión", escribe la cabeza de la FCC. El funcionario recuerda que la ley prohíbe a las empresas reguladas cualquier tipo de discriminación basado en raza, color, nacionalidad, edad o sexo. La cruzada de la Administración para eliminar estas medidas de las empresas es percibida como una ofensiva contra la discriminación de los blancos.

La investigación coincide con el estreno del más reciente proyecto de Disney en las salas, la versión en vivo de Blancanieves, la cinta de 1937 que puso los primeros cimientos del imperio que es hoy el conglomerado mediático global. Rachel Zegler, una actriz de origen latino, es la protagonista de la cinta, que incluye también a siete enanos fabricados con herramientas de animación digital. Esto ha alimentado una polémica que ha envuelto a la cinta en sus primeros días en los cines.

Un portavoz de Disney ha señalado a The Wall Street Journal que están a la espera de que la FCC los contacte para así poder responder a sus preguntas. Esta es la segunda investigación que Carr abre contra una empresa de medios desde que inició la segunda presidencia de Trump. El organismo anunció en febrero una pesquisa similar en Comcast, la empresa matriz de NBCUniversal, por “promover valores de inclusión y diversidad” que no se alinean con las líneas del regulador, que supervisa desde las señales de telecomunicaciones hasta los contenidos de los programas infantiles.

En su carta, Carr señala algunos de los puntos que le “preocupan”. Cita criterios de decisión basados explícitamente en raza o sexo, campañas internas contra el “privilegio blanco” y el lanzamiento de la iniciativa “Reimaginar el mañana”, un sitio digital enfocado en los empleados de Disney del colectivo LGTBIQ. Esta web fue sacrificada a inicios de febrero en un esfuerzo de la compañía por alienarse con los nuevos tiempos de la Casa Blanca. Empresas como Target o Alphabet (Google) también han rebajado sus mensajes de inclusión. Otras, como Apple, las han reafirmado ante el desafío.

El comisionado también cargó contra ABC, el canal de televisión de Disney, por haber adoptado estándares de inclusión que exigen que la mitad de sus personajes en sus contenidos sean ocupados por “grupos subrepresentados”. “Esto habría forzado a tener cuotas identitarias y de color en todos los niveles de producción”, escribe el comisionado.

Bajo su cargo, la FCC también había reabierto una investigación contra la cadena por el comportamiento de sus periodistas, David Muir y Linsey Davis, en el debate presidencial de septiembre, que enfrentó a Trump con la entonces vicepresidenta, Kamala Harris. La campaña del republicano había acusado a los moderadores por una supuesta “falta de objetividad” al verificar en directo los dichos de Trump, quien aseguró que los inmigrantes haitianos en Ohio estaban comiendo perros y gatos.

Carr, un abogado especializado en telecomunicaciones, forma parte de la FCC desde 2017, cuando se integró al pleno de cinco comisionados de la institución. Es el integrante que más coincide ideológicamente con el nuevo conservadurismo instaurado por Donald Trump, quien lo eligió en noviembre como presidente del organismo. Carr es también uno de los autores del Proyecto 2025, el manual ultraconservador de la nueva Administración para los primeros 180 días de la presidencia.

Decisión judicial contra Trump

Al mismo tiempo en el que Carr se esfuerza por llevar al sector privado la ofensiva de Trump contra la diversidad, un juez federal ha dado un golpe a la Administración. Matthew Kennelly, un togado del tribunal de distrito del norte de Illinois, bloqueó esta semana partes de la orden ejecutiva que frena las políticas de inclusión en todo el Gobierno federal.

El fallo de Kennelly, emitido el jueves, prohíbe al Departamento del Trabajo exigir certificados a sus contratistas en los que indiquen que no cuentan con programas de diversidad e inclusión. Las empresas y compañías que dan servicios al Ejecutivo se habían quejado en los tribunales de que la orden de Trump es demasiado amplia y vaga, lo que hace difícil su cumplimiento.

Esto hizo que una organización de Chicago especializada en el entrenamiento de mujeres en el sector de la construcción acudiera a los tribunales para no perder sus contratos con el Departamento de Trabajo. El ministerio había advertido que los negocios que no mostraran sus certificados antidiversidad se exponían a varias multas. El juez ha suspendido este requisito hasta el próximo 10 de abril, cuando se llevará a cabo una audiencia sobre el caso.